Que los tucumanos son transgresores por naturaleza no es ninguna novedad. De hecho, las estadísticas oficiales lo corroboran. según el funcionario municipal Enrique Romero, las multas de tránsito prácticamente se duplicaron en el último año. Además, desde marzo a la fecha se labraron 10.408 actas de infracción y se secuestraron 616 vehículos particulares, entre otras transgresiones. “El tráfico en San Miguel de Tucumán está libanizado, es caótico y hasta mafioso y se ha convertido en una pesadilla, donde el microcentro colapsa día a día y a cualquier hora para los casi 300.000 vehículos que transitan por sus calles”, enfatizó Romero días atrás.
Esta demostración tangible de inconducta ha convertido a la advertencia “prohibido estacionar” en un mero formulismo. Apenas uno de los capítulos del vasto muestrario de infracciones en esa materia que son cometidas en nuestra ciudad. Sobran las pruebas concretas de esa locura multitudinaria. Pocos, por ejemplo, sienten el peso de su conciencia ciudadana cuando, urgidos por la premura, detienen su auto o camión -en especial, los distribuidores de productos alimenticios, a toda hora y en cualquier lugar- en segunda fila, encienden las balizas y se van.
Es más: en el afán de conquistar un mínimo espacio para estacionar, ya ni siquiera son respetados los sitios reservados para las paradas del transporte de pasajeros, los carriles de circulación de este mismo servicio, los cordones de las aceras en que la orla amarilla es señal, casi siempre ignorada, de que deben permanecer francos o los reservados para las sillas de ruedas. Ni que hablar del gran aquelarre de motocicletas, que circulan sin control a toda hora, a máxima velocidad, sin las protecciones necesarias y a menudo con más de dos pasajeros en encima.
No se discute, por supuesto, que la mayor parte de los conductores que pululan por San Miguel de Tucumán y su zona de influencia merecerían figurar en una antología del mal comportamiento cívico en materia de tránsito. Muchos de ellos hacen caso omiso de las reglamentaciones viales y demuestran infinito desprecio por sus propias vidas y las de sus semejantes. Por el contrario, se admite que en nuestra urbe y sus alrededores imperan la indisciplina y la imprudencia.
Por eso, resulta incuestionable la conveniencia de adoptar medidas que pongan remedio al caos callejero. El mismo Romero admitió que el desafío principal es ordenar el microcentro y, al mismo tiempo, buscar calles que puedan descongestionar las arterias principales, para que la gente, por inercia, empiece a utilizarlas descongestionando el tránsito capitalino. No es una tarea menor, sino prioritaria y urgente. Sin embargo -tal como otras veces se sostuvo en esta columna editorial-, es discutible la utilización de mecanismos y modalidades cuya finalidad parecería apuntar más a engrosar las arcas gubernamentales que a formar conciencia acerca de que el respeto por las normas viales constituye una obligación solidaria de la cual nadie está ni estará nunca eximido.
Esta es, tal vez, la tarea más ardua: generar mayor conciencia ciudadana. Porque un pueblo sin respeto, es un pueblo sin futuro. Las fuerzas políticas y sus líderes también deberían hacerse eco de la gravedad del tema y debatir posibles acciones para enfrentar este creciente drama.